A la atención del Sr. D. Ángel Luis Ortiz

Secretario General de Instituciones Penitenciarias

Estimado Sr. Ortiz:

Me dirijo a usted en calidad de presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), asociación que representa a más de 500 víctimas del terrorismo, mayoritaria en la Comunidad Autónoma Vasca, con Estatus Consultivo Especial en ECOSOC/ONU, y que se caracteriza por la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, el Estado de Derecho, la libertad, la pluralidad ideológica y la lucha por la deslegitimación del terrorismo.

Le escribo esta carta para expresarle una preocupación que últimamente profeso con respecto a la política penitenciaria de los presos de ETA. Soy consciente de que no es un derecho de las víctimas del terrorismo exigir o elegir en qué cárceles cumplen condena los terroristas presos, razón por la cual COVITE siempre ha respetado la política penitenciaria de todos los gobiernos, desde la Vía Nanclares hasta la del gobierno actual. No obstante, me gustaría trasladarle algunas cuestiones que considero que deberían mejorarse o cambiarse. Que respete sus decisiones no quiere decir que no pueda tratar de influir, en la medida de mis posibilidades, para que un tema tan sensible como la política penitenciaria de los presos de ETA se haga siguiendo el principio esencial de la Ley Orgánica General Penitenciaria, 1/1979, de 26 de septiembre: «Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad».

En este sentido, de un tiempo a esta parte vengo observando cómo desde Instituciones Penitenciarias se está trasladando, sin criterio aparente alguno, a presos de ETA a cárceles vascas sin que estos hayan hecho el mínimo esfuerzo de comenzar a recorrer el camino de la reinserción, que en el caso de los presos de ETA pasa por desvincularse de la mafia que de facto supone la izquierda abertzale, cuyas directrices sobre los terroristas presos impiden que estos aborden, ni siquiera mínimamente, la reinserción. Como usted bien sabe, desde 2016 el EPPK, Colectivo de Presos de ETA, impone a los etarras que se someten a su disciplina a apostar por los cauces legales, pero «sin arrepentimiento ni delación», en palabras del propio EPPK. Pues bien, este planteamiento ha sido ratificado recientemente, el 4 de diciembre de este año 2021, fecha en la que este colectivo volvió a rechazar las delaciones y el arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay reinserción posible.

Por esta razón, considero que sería mucho más beneficioso para todos, no solo para las víctimas, sino para toda la sociedad –especialmente para la vasca y la navarra, que todavía tiene que asimilar las profundas heridas sociales y políticas que ha dejado el terrorismo etarra– que se trasladase a cárceles vascas solamente a aquellos presos de ETA que hayan dado un mínimo signo de querer iniciar este camino de la reinserción, y no a aquellos que siguen plenamente orgullosos de su pasado criminal y felizmente adheridos a la disciplina mafiosa de la izquierda abertzale, que sigue controlando a los presos de ETA en las cárceles a través de múltiples visitas, llamadas telefónicas y demás mecanismos de presión. Desmarcarse de esta mafia –suena muy reiterativo, pero es el calificativo que mejor les define– requiere de un enorme esfuerzo, pues implica renunciar a todo el engranaje de abogados, psicólogos, médicos, dinero y demás cuestiones que les proporciona, así como que las familias de estos presos soporten presiones por parte del mundo de la izquierda abertzale en las localidades donde viven.

Tal y como he podido conocer a través de mis propias fuentes, en estos últimos años ha habido presos de ETA que han hecho ese esfuerzo de desmarcarse de la izquierda abertzale y se les ha premiado con un traslado a cárceles vascas. Pero últimamente también he podido saber que se ha trasladado a cárceles vascas a etarras irredentos y poco dispuestos a hacer ningún mínimo gesto o señal de voluntad de reinserción. Por lo tanto, no me parece ni justo ni útil que se premie de la misma manera a aquellos que se desvinculan de la mafia abertzale que a aquellos que no. Porque así, el mensaje que se traslada a los presos de ETA es que no es necesario hacer ninguna autocrítica de su pasado criminal, puesto que, en cualquier caso, acabarán en cárceles vascas, tal y como reclama públicamente el nacionalismo vasco en su conjunto, aunque la voluntad real del nacionalismo vasco más radical, del que fue brazo político de ETA y representado hoy por EH Bildu, es que se les excarcele. Así lo transmiten en la mayoría de sus manifestaciones públicas.

De igual manera, si tal y como informó el diario El País el pasado 17 de julio, desde Instituciones Penitenciarias se está trabajando para reactivar los encuentros entre presos de ETA y víctimas de la banda terrorista en el marco de un programa de justicia restaurativa, todas las actuaciones descritas en esta carta irían en dirección totalmente contraria a lo que sería un buen programa de justicia restaurativa, es decir, aquel que sigue los estándares internacionales al respecto. Estos estándares a los que me refiero (Resolución 2002/12 sobre Principios básicos para la aplicación de programas de justicia restaurativa en materia penal de las Naciones Unidas; Consejo de Europa; Recomendación (2018) 8 del Consejo de Europa; y Directiva 2012/29 de la Unión Europea) establecen que debe existir una transparencia total del contenido del programa y de su desarrollo para que no se cause una victimación secundaria a las víctimas. Pues bien, por el momento no ha habido transparencia alguna, puesto que desconocemos totalmente qué actuaciones se están llevando a cabo desde Instituciones Penitenciarias en este sentido.

Como usted supongo que recordará, desde COVITE le hicimos llegar en septiembre un documento con directrices sobre cómo debería ser un programa de justicia restaurativa para presos de ETA, de tal manera que se evitase esa victimación secundaria y se lograse abordar la especificidad del terrorismo de ETA, que no es solo reparar el daño personal y social a sus víctimas, sino también el daño político infligido al conjunto de la sociedad y al Estado de Derecho. Para que la justicia restaurativa con presos de ETA pueda ser verdaderamente efectiva y tenga una dimensión de servicio y bien público, y no sea mal utilizada como un instrumento de cara a la galería, como sucedió en algunos casos con la Vía Nanclares, es fundamental que se trabaje en la deslegitimación del uso de la violencia y del terrorismo para hacer política, que es exactamente lo que hizo ETA: tratar de imponer un proyecto político totalitario y excluyente por medio del terrorismo y la violencia. Es esta cuestión la que se debe abordar de forma fundamental. Se debe ir más allá del daño privado infligido a las víctimas concretas de ETA.

Como presidenta de un colectivo de víctimas del terrorismo, la mayoría de ETA, exijo transparencia en esta cuestión y una reconsideración de la política penitenciaria con los presos de ETA en los aspectos a mejorar que le he señalado a lo largo de esta misiva.

Muchas gracias de antemano.

Le saluda atentamente,

 

Consuelo Ordóñez

Presidenta de COVITE