En el acto en memoria del 28º aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez, la presidenta de COVITE ha asegurado que, para la izquierda abertzale, todo lo que no sea excarcelar a los presos de ETA cuanto antes, y sin cumplir con la Ley, será “excepcional” 

Consuelo Ordóñez, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), ha intervenido esta mañana en un acto celebrado en el cementerio donostiarra de Polloe con motivo del 28º aniversario del asesinato a manos de ETA de Gregorio Ordóñez. Durante su discurso, la presidenta de COVITE ha recordado que Gregorio Ordóñez vivió los últimos años de su vida “sabiendo que le iban a matar, sufriendo una brutal campaña de persecución”. Pero que, como él decía, prefería “estar amenazado por ser fiel a mis principios, que vivir con la comodidad de quienes se arrodillan suplicantes ante ETA”.

Consuelo Ordóñez ha acusado a la izquierda abertzale de haber dado la orden de asesinar a su hermano y de no haber pagado por ello. “Esos políticos que diseñaban las estrategias de terror y señalaban los objetivos a eliminar, a través de los asesinatos, de los secuestros y de las amenazas, fueron quienes ordenaron impedir que alguien con el arrojo de Gregorio fuese alcalde de San Sebastián”, ha dicho. Asimismo, ha denunciado que “esos líderes de la izquierda abertzale que siempre han hecho política gracias a ETA, y que mandaban a sus peones de la muerte a mancharse las manos de sangre, siguen hoy haciendo política en primera línea y se han visto beneficiados de una impunidad de facto que nadie se atreve a cuestionar”. “El final de ETA negociado que vivimos desde el año 2011 les permite hacer política con alfombra roja sin que hayan condenado su pasado de complicidad con ETA”.

La hermana de Gregorio Ordóñez también ha cargado contra la izquierda abertzale por dedicarse “a la infame labor de ser lobbystas de los asesinos presos”. “Terminada la política penitenciaria de dispersión, ya no pueden disimular cuál es su verdadero objetivo, que es el único que han tenido siempre: más impunidad”. La presidenta de COVITE ha denunciado que esa pretendida impunidad sea a través de los terceros grados “sin cumplir con los requisitos que la ley exige para todos los presos de este país: arrepentimiento, petición de perdón y disposición para colaborar con la justicia”. Para Ordóñez, quienes impiden a los presos de ETA cumplir con los requisitos legales para lograr los terceros grados son los propios dirigentes de la izquierda abertzale: “Son ellos mismos, los jefes de la mafia etarra, quienes los quieren bien orgullosos de su pasado criminal y les prohíben arrepentirse”, ha afirmado. “Queda claro que, para la izquierda abertzale, todo lo que no sea poner a los terroristas en la calle cuanto antes, y sin cumplir con la Ley, será excepcional”.

También ha criticado que la izquierda abertzale exija la excarcelación de los presos de ETA “en nombre de la paz y la convivencia”. “La paz y la convivencia no pueden construirse sobre la impunidad y la mentira. De ninguna manera debemos la paz a quienes asesinaron, ni a quienes promovieron los asesinatos, ni a los miles de chivatos, facilitadores de armas, coartada y refugio; en definitiva, todos los que conformaban el Gran Hermano etarra”.

La presidenta de COVITE también ha lamentado la lentitud con la que avanza su denuncia contra cinco dirigentes de ETA por su presunta implicación en la autoría intelectual del asesinato de Gregorio Ordóñez. “En ocho años no hemos conseguido que se cumpla el trámite procesal de citación para declarar de estos cinco investigados; solo se ha citado a dos, a Mikel Albisu y a Ignacio Gracia Arregi. La insoportable lentitud de la justicia en nuestro país la convierte en injusticia”. No obstante, Ordóñez ha afirmado ser consciente de que “dentro de lo que cabe, mi familia hemos tenido la suerte de poder ejercer nuestros derechos, aunque sea de forma parcial. El 40% de las víctimas no pueden decir lo mismo: nunca han tenido a ningún autor material de sus atentados condenado. Y un 20% más han tenido sentencias incompletas. Por tanto, más de la mitad de las víctimas del terrorismo no han tenido justicia efectiva en nuestro país”.