Advierte de que no admitirá la cesión al chantaje nacionalista para otorgar las competencias de prisiones.
Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), se ha reunido esta mañana con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la sede del Ministerio en Madrid. Ordóñez se ha referido a las informaciones que apuntan a que ETA celebrará un acto para anunciar su “desmovilización”: “Llevamos meses pidiéndole a este Gobierno que disuelva a ETA para impedir el teatro de su disolución y para dar a la sociedad la foto de la derrota de la banda. Hoy se lo hemos vuelto a reiterar al ministro —ha explicado Ordóñez—. El Gobierno tiene en sus manos actuar para que el supuesto final de la banda terrorista no sea un nuevo acto de propaganda”.
La presidenta del Colectivo ha insistido en que los únicos protagonistas del final de ETA deben ser las Fuerzas de Seguridad. “El Estado no puede ceder a una de las reivindicaciones históricas de los terroristas, la de un final sin vencedores ni vencidos en el que se blanquee la trayectoria criminal de la peor organización que ha actuado en este país. El Gobierno tiene la obligación de evitarlo”.
Por otro lado, Ordóñez ha advertido a Zoido de que el final de ETA “no puede ser el principio de la cesión al chantaje nacionalista para otorgar las competencias penitenciarias”. “Está en juego el derecho de las víctimas del terrorismo a la justicia”, ha incidido. La presidenta del Colectivo ha pedido al ministro un compromiso firme sobre este asunto, que Zoido ha evitado argumentado que se trata de una decisión del Gobierno.
Por último, la presidenta de COVITE, acompañada por la abogada y directiva del Colectivo Irene Muñoz, ha solicitado la creación de un protocolo para el efectivo acceso a la justicia de las víctimas del terrorismo, que implica, entre otros aspectos, el acceso a los expedientes judiciales. Para ello, ha solicitado la creación de un equipo de especialistas y la coordinación entre las administraciones de Justicia, Interior, Defensa, y Exteriores. “Hay casi 400 asesinatos de ETA sin resolver, lo que implica que a casi 400 familias se les ha negado el derecho a la justicia, pero la Administración no puede negarles el derecho a la verdad”, ha reivindicado Ordóñez. “Hay que salir del terreno de las buenas voluntades y pasar al terreno de los derechos garantizados de manera efectiva”, ha sentenciado.