• Califica de «indecente» utilizar la excepcionalidad de la crisis sanitaria para pedir el acercamiento a cárceles vascas de todos los etarras presos

  • Exige al Gobierno que desestime las pretensiones del PNV y que no sea el nacionalismo vasco el que marque la hoja de ruta en materia de política penitenciaria de presos de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha acusado al Gobierno Vasco de aprovechar la excepcionalidad de la crisis sanitaria sin precedentes provocada por el COVID-19 para reclamar el acercamiento a cárceles vascas de todos los etarras presos y cerca de un centenar de presos comunes. El Colectivo considera esta conducta «inaceptable e indecente». COVITE afea que, hasta ahora, el Ejecutivo de Urkullu, cuando exigía el acercamiento de los ‘presos vascos’ a cárceles de Euskadi, solo se refiriese a los presos de ETA. «Esto evidencia que no les importa el acercamiento de ese centenar de presos comunes vascos que también cumplen pena en cárceles fuera del País Vasco, puesto que nunca les han incluido en sus demandas. Si los incluyen ahora es porque han visto una oportunidad, dadas las circunstancias excepcionales, para favorecer el acercamiento los presos de ETA. Lo disimulan intentando hacer ver que velan por la salud de todos los ‘presos vascos’», ha denunciado Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. «En realidad, esta maniobra ha dejado en evidencia que la política de dispersión no es ninguna excepcionalidad, puesto que no solo se aplica a los presos de ETA».

COVITE ha criticado que el PNV siempre se alinee con la izquierda abertzale en materia de política penitenciaria de presos de ETA, habiendo asumido como propia la reivindicación del EPPK (Colectivo de presos de ETA) de reclamar un acercamiento colectivo de todos los etarras sin previa exigencia de que rechacen la violencia. «La Secretaría General de Derechos Humanos del Gobierno vasco ha dado un paso más en esta indigna estrategia al abanderar también la campaña de falsedades sobre el supuesto riesgo de contraer el COVID-19 derivado de la dispersión. Es exactamente la misma táctica que ha utilizado la izquierda abertzale desde que comenzó la crisis sanitaria», ha censurado Consuelo Ordóñez.

Asimismo, el Colectivo ha reprobado que el Gobierno vasco esté más preocupado por buscar nuevas excusas para acercar a todos los etarras a cárceles vascas que por frenar los episodios de violencia callejera y acoso que se están viviendo en el País Vasco y en Navarra en las últimas semanas. «Mientras en las ciudades y pueblos de Euskadi continúa la campaña de ataques contra las sedes de partidos políticos –entre ellos el PNV– como muestra de apoyo al etarra Patxi Ruiz, el Gobierno vasco da legitimidad a la izquierda abertzale más radical difundiendo el mismo mensaje interesado de que la dispersión favorece los contagios por COVID-19», ha denunciado Ordóñez. «¿Acaso cumplir pena en cárceles vascas prevendría a los presos y a sus familiares de contagiarse del coronavirus?», ha ironizado la presidenta de COVITE.

COVITE recuerda, una vez más, que la verdadera responsable de que siga habiendo una política penitenciaria de dispersión de los presos de ETA es la izquierda abertzale, y no el Estado de Derecho. Solo tienen que levantar sus líneas rojas de no arrepentimiento y no delación a los presos para que estos puedan acogerse a las vías de reinserción. «La izquierda abertzale siempre ha tenido en su mano el fin de la dispersión, pero prefiere seguir sacando rédito político de los presos de ETA en vez de permitir a los etarras que puedan rechazar la violencia que han ejercido y así ser acercados a cárceles vascas», sentencia Consuelo Ordóñez. «La izquierda abertzale y el EPPK emplazan a los presos a que sigan orgullosos de sus crímenes, se niegan a condenar el terrorismo y la violencia como herramientas políticas y mantienen vivo el discurso totalitario, sectario y dogmático de ETA. Las instituciones no deben asumir las exigencias de los terroristas orgullosos de su pasado criminal, sino aplicar políticas de desradicalización que hasta ahora brillan por su ausencia en el País Vasco», ha explicado Ordóñez.

El Colectivo insiste en que la competencia de decidir dónde cumplen condena los presos la tiene el Gobierno central, no los Gobiernos autonómicos, razón por la que exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que «no permita que el nacionalismo vasco marque la hoja de ruta en materia de política penitenciaria de presos de ETA» porque el Ejecutivo de Urkullu solo vela por los intereses de los etarras presos. En este sentido, COVITE reclama que la presión vaya dirigida a la izquierda abertzale para que condene el acoso y los sabotajes y deje de presentar a los presos y a sus familiares como víctimas de una supuesta excepcionalidad que no es tal. «Mientras la izquierda abertzale siga con sus líneas rojas de no arrepentimiento y no delación, la radicalización violenta no va a disminuir. Acercar a un terrorista orgulloso de su pasado criminal a un contexto en el que se le jalea no ayuda en nada a construir un futuro libre de violencia», ha advertido Consuelo Ordóñez. A juicio del Colectivo, este es el principal problema que deben abordar las instituciones vascas y navarras.