• El Colectivo recuerda que las sentencias del TEDH solo pueden aplicarse a otros presos de ETA mediante la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo

  • Acusa a SORTU de aprovechar cualquier ocasión para exigir lo único que verdaderamente les importa: impunidad para los terroristas de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) recuerda que la sentencia del TEDH sobre el ‘caso Atristain’ no puede aplicarse «a la práctica totalidad» de los etarras presos en España, como exige SORTU, puesto que el único procedimiento para verse beneficiados de dicha sentencia del TEDH a favor del etarra Atristain es mediante la interposición de un recurso individual de casación ante el Tribunal Supremo, que es el órgano judicial competente para decidir si estima o no esas peticiones. «Confío en que esos recursos no prosperarán en el Tribunal Supremo», afirma Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE.

En ningún caso, aseguran en el Colectivo, es el Gobierno quien debe decidir si se aplica o no de forma extensiva al resto de etarras la sentencia de Atristain. En COVITE se lamentan de que lo sucedido con la derogación de la ‘doctrina Parot’ «nunca debió haberse producido» puesto que el TEDH solo ordenó la excarcelación de la etarra Inés del Río, que fue quien presentó la demanda ante el Tribunal de Estrasburgo, al igual que ha ocurrido con Atristain. «Al contrario de lo que se suele afirmar, el TEDH nunca ordenó la aplicación extensiva y urgente de la derogación de la ‘doctrina Parot’ a las decenas de etarras a los que se les aplicó. Fue el Gobierno presidido por Mariano Rajoy quien ordenó a la Audiencia Nacional, que no era el órgano competente para hacerlo, que lo hiciera de esa manera, arremetiendo así contra la separación de poderes y asestando una herida mortal a nuestro Estado de Derecho», rememora Consuelo Ordóñez. En aquel momento, afirman en COVITE, el Ejecutivo de Rajoy estaba «cumpliendo con las exigencias de ETA en este final negociado que vivimos, rubricadas en el acuerdo de Gernika de 2010 que ETA y su entorno político acordaron con Zapatero. Una de ellas era expresamente la derogación de la ‘doctrina Parot’, lo cual se hizo con trampas al Estado de Derecho». COVITE confía en que esa situación no se vuelva a producir con el ‘caso Atristain’ puesto que «sería un escándalo y otro atropello al Estado de Derecho y a la separación de poderes como lo fue en su momento la derogación de la ‘doctrina Parot’».

En cuanto a la rueda de prensa ofrecida ayer por SORTU, COVITE manifiesta que fue «una muestra más de que SORTU sigue siendo el brazo político de ETA, puesto que aprovecha cualquier ocasión para exigir impunidad para los etarras presos, erigiéndose en su portavoz y en quien vela por sus intereses». Lo hace, además, «mintiendo, como siempre. No es verdad que haya habido una conculcación de derechos fundamentales de los presos de ETA, como aseguró ayer el secretario general de SORTU, Arkaitz Rodríguez, ni que estos sean ‘víctimas’ del Estado». Para COVITE, «el fervor y el entusiasmo con el que SORTU defiende que los presos de ETA deben ser excarcelados de forma masiva prueba el cinismo de la izquierda abertzale cuando dicen sentir el dolor de las víctimas, puesto que, si así fuese, no llamarían ‘presos políticos’ a los asesinos de ETA ni estarían todo el día aprovechando cualquier ocasión para exigir su excarcelación».