El Colectivo critica que la izquierda abertzale pretenda blanquear el historial de ETA colocando a ex presos en las instituciones
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, ha calificado de inmoral que personas condenadas por delitos de terrorismo ocupen cargos en organismos de la administración pública. El Colectivo se ha hecho eco de informaciones publicadas en medios de comunicación acerca de la decisión del Gobierno de EH Bildu en Vitoria de contratar como colaboradores y asesores a condenados por delitos de integración en organización terrorista o de asociación ilícita.
El Colectivo se refiere, en concreto, a la contratación como jefa de gabinete de María Teresa Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, condenada a ocho años de prisión y a diez de inhabilitación por integración en organización terrorista; de Egoitz Garmendia Vera, asesor del partido abertzale, acusado de pertenencia a ETA y apología del terrorismo y que se encuentra pendiente de sentencia; o de Unai González Azua, nombrado auxiliar administrativo y condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita debido a su relación con organizaciones del entorno de ETA. En total, el Ayuntamiento de Vitoria gastará al año más de 100.000 euros en sus salarios.
COVITE ha criticado la doble vara de medir que se aplica a los condenados por delitos de terrorismo enfatizando que, mientras sería inaceptable que una formación política contratara a un condenado por violación, la izquierda abertzale pretende normalizar la presencia en las instituciones públicas de terroristas que no se han desmarcado de su trayectoria.
Por último, el Colectivo ha advertido que esta maniobra de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria persigue blanquear el historial criminal de personas que han formado parte del entramado terrorista de ETA sin exigirles ninguna crítica a los postulados de la banda.