• Afirma que a aquellas víctimas que tuvieron que abandonar el País Vasco o Navarra a consecuencia de sus atentados terroristas se les niegan sus derechos recogidos en la Ley 9/2022, de 16 de noviembre, de Reforma 5/2018, de 17 de octubre, para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid las «injusticias y agravios» que comete el Gobierno de la CAM al aplicar la Ley 9/2022, de 16 de noviembre, de Reforma 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo con las víctimas vascas y navarras que tuvieron que abandonar sus comunidades autónomas de origen para instalarse en Madrid tras sufrir sus atentados. COVITE ha denunciado que la primera versión de esta Ley, que se aprobó en 2018, convertía a la ley madrileña de víctimas del terrorismo en la peor ley de todas las leyes autonómicas de víctimas existentes. Principalmente por dos motivos:

1) excluía del ámbito de aplicación de la ley a todas aquellas víctimas que hubieran sufrido un atentado en la Comunidad de Madrid, pero que no estuvieran empadronadas en la Comunidad en el momento en el que las mataban o las herían.

2) también excluía a todas aquellas víctimas que hubieran fijado su residencia en Madrid como consecuencia de los atentados que sufrieron principalmente en el País Vasco, y que llevan viviendo desde entonces aquí, y son madrileños a todos los efectos.

«Estas familias, por ser víctimas que sufrieron sus atentados en el País Vasco y en Navarra, tuvieron que sufrir el acoso y las amenazas terroristas de ETA, antes y después de los atentados que asesinaron a sus familiares o los hirieron de por vida. Son las víctimas que han sufrido las peores consecuencias del terrorismo etarra, precisamente por haberlo sido en el País Vasco. Que estas víctimas fueran excluidas de la aplicación de la Ley de 2018 era indecente. Más aún cuando, para más agravio, los amenazados siempre han estado contemplados en la aplicación de la Ley original, y no les exigían estar empadronados en esta comunidad cuando estaban sufriendo sus amenazas en el País Vasco», ha afirmado Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. «Cuando fue publicada la ley de 2018 y la analizamos y nos dimos cuenta de estos dos supuestos citados que estaban excluidos, COVITE pidió que se modificara la ley para hacer justicia con todas esas víctimas que estaban excluidas. La ley excluía, nada más y nada menos que a la mitad de las víctimas que habían sufrido sus atentados en Madrid. Y también a las familias que más habían sufrido las consecuencias del terrorismo en el País Vasco, las más vulnerables».

Ordóñez ha continuado su rueda de prensa afirmando que «así fue como el 25 de octubre de 2019 COVITE registró su primera propuesta para modificar esta ley tan injusta y arbitraria de 2018. Afortunadamente, y después de mucho pelear, conseguimos que incluyeran en el ámbito de actuación de la ley a todas las víctimas que estaban bajo estos dos supuestos que hemos explicado. La modificación de la Ley se aprobó en noviembre de 2022 y entró en vigor el 1 de enero de 2023. Pero desafortunadamente hemos estado comprobando, a lo largo de todo el año pasado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está desestimando todas las solicitudes de las víctimas que sufrieron sus atentados en el País Vasco y en Navarra y que, a consecuencia de ellos, fijaron su residencia en Madrid». «Queremos denunciar este maltrato tan injusto y arbitrario que están sufriendo estas víctimas por el Gobierno de esta Comunidad. Esta Ley, que modifica la de 2018 y que se consiguió aprobar gracias a que los grupos de la oposición, socialistas y Más Madrid, hicieron suyas nuestras reivindicaciones logró ser sacada adelante en votación y se plasmó en esta Ley. La voluntad del legislador para modificar esta Ley es nuestra propuesta. Es gravísimo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid niegue la aplicación de la Ley a aquellas víctimas que más han sufrido las consecuencias del terrorismo de ETA, precisamente por haber sido víctimas del terrorismo en el País Vasco y en Navarra».

Desde COVITE han afirmado que «nos gustaría no haber tenido que llegar al punto de hacer pública esta cuestión. Queríamos haber tratado el asunto de manera privada con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Les pedimos una reunión en tres ocasiones y es obvio que no nos han querido recibir. Así que no nos han dejado otra opción». La presidenta de COVITE ha finalizado su comparecencia advirtiendo al Gobierno de la Comunidad de Madrid que «todavía está en sus manos paliar las injusticias que están sufriendo estas víctimas, las desigualdades y los agravios de trato. Pueden estimar los recursos de reposición que estamos interponiendo, que acabamos de poner los primeros. Simplemente se trata de aplicar la ley tal cual está redactada, y cumplir con el espíritu de su preámbulo 2 y de su artículo 1) c)». Asimismo, ha sentenciado que «muchas víctimas estamos hartas de escuchar las declaraciones de los políticos del Gobierno de Madrid diciendo lo mucho que están con las víctimas y luego comprobar, a través de sus acciones y de sus leyes, que lo único que recibimos de ellos es el mayor de los maltratos. Estar con las víctimas es atender a sus derechos y tratarnos de manera justa e igualitaria».