• El Colectivo asegura que fiscalizará la actuación del Ejecutivo vasco cuando gestione las prisiones para velar por que se cumpla la ley con los presos de ETA

  • Reclama un canal de comunicación directo con la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco para conocer las actuaciones que se realicen con los presos de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha advertido que vigilará rigurosamente la gestión que se realice desde el Gobierno vasco de la competencia de prisiones una vez el Ejecutivo de Urkullu tenga potestad sobre ella a partir del próximo mes de octubre, con el objetivo de comprobar que “se cumpla la ley con los presos de ETA que cumplen condena en cárceles vascas”, en palabras de Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. Ante la firma del traspaso de esta competencia que se ha producido hoy entre los gobiernos vasco y central, el Colectivo ha mostrado su reticencia ante la administración que pueda hacer el Gobierno vasco de las condenas de los presos de ETA ya que “los nacionalistas nunca han querido ser carceleros y gestionar la competencia de prisiones mientras ETA mataba. Empezaron a reclamar esta competencia cuando ETA dejó de matar. Desde COVITE vigilaremos muy de cerca que no se abran las puertas de las cárceles cuando no toque”, ha sentenciado Consuelo Ordóñez.

Por esta razón, COVITE ha solicitado hoy, a través de una misiva, una reunión con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, “para acordar un protocolo de comunicación directo con la Consejería y que se nos informe de las decisiones que se tomen respecto a los presos de ETA con total transparencia, de igual manera que se tiene con el Ministerio del Interior y se nos informa de todos los traslados y progresiones de grado que se llevan a cabo desde Instituciones Penitenciarias”, ha asegurado Consuelo Ordóñez. “En COVITE conocemos muy bien el derecho que tenemos reconocido a la participación en la ejecución penitenciaria, en conformidad con la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito (art.13) y lo vamos a ejercer”.

No obstante, desde el Colectivo también quieren trasladar un mensaje de tranquilidad porque “somos conscientes de que los presos de ETA que cumplen condena en cárceles vascas son una minoría, concretamente 31 por política penitenciaria, por razones humanitarias o porque han renegado de ETA y mostrado rechazo a su pasado criminal. Los etarras que están más radicalizados y que siguen orgullosos de sus crímenes no están cumpliendo condena en cárceles vascas”.

No obstante, dada la experiencia que ya sufrimos con el Gobierno central y vasco en el caso Bolinaga COVITE ha insistido en que seguirá muy de cerca el modelo penitenciario que aplique el Gobierno vasco con respecto a los presos de ETA, ya que desde la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales se ha declarado en multitud de ocasiones en los últimos meses que ese modelo consistirá en priorizar “la reeducación, la resocialización y la reinserción”, enfocándose el modelo penitenciario “desde una mirada más restaurativa que ayude a las personas que cumplen condena a que lo puedan hacer de otra manera”, en palabras de la propia consejera Beatriz Artolazabal. “Estaremos muy pendientes de que todo esto no signifique buscar trampas y nuevas vías para ayudar a los etarras encarcelados a salir cuanto antes, es decir, la impunidad”, ha aseverado Consuelo Ordóñez.

No obstante, COVITE ha lamentado que “los sucesivos gobiernos de este país siempre terminen cediendo a las presiones y peticiones de los nacionalistas vascos para lograr su apoyo y que, para contentarlos, hayan transferido una competencia tan sensible para las víctimas del terrorismo como es la de prisiones, que tanta inquietud e intranquilidad nos genera”. COVITE ha asegurado que “el Gobierno de Mariano Rajoy ya había prometido al PNV la transferencia de prisiones a cambio de su apoyo para los Presupuestos Generales del Estado. Gracias a la moción de censura y al cambio de Gobierno hemos ganado dos años de tiempo para que esta competencia termine en manos del Gobierno vasco, pero era evidente que tarde o temprano el Gobierno central iba a ceder ante los nacionalistas”. COVITE ha denunciado que “es decepcionante que los asuntos que afectan a los derechos de las víctimas del terrorismo se aborden como una moneda de cambio en las negociaciones políticas de nuestro país. Como no confiamos en que quienes ejercen el poder político vayan a velar por respetar nuestros derechos, seremos las víctimas quienes fiscalicemos que así se haga, como siempre lo hemos hecho”.