• Censura que el etarra López de Bergara sea nombrado alcalde de Legutiano sin haberse arrepentido de su pasado criminal ni haber condenado a la banda 

  • Urge a una modificación legal que impida que terroristas “orgullosos de serlo” se conviertan en referentes políticos

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha exigido hoy que se lleve a cabo “de forma urgente” una reforma legal que obligue a las personas condenadas por terrorismo a repudiar la violencia terrorista que han ejercido para poder acceder a cargos públicos. Esta petición se produce horas después de que Iñaki López de Bergara, condenado desde los 90 por pertenencia a ETA y en prisión hasta el 2016, fuera nombrado alcalde de la localidad alavesa de Legutiano por EH Bildu.

El Colectivo ha hecho un repaso al historial criminal de López de Bergara, destacando su papel como responsable del aparato de captación de ETA o como jefe de los comandos de reserva en Francia. El terrorista, recalcan, se ha mostrado en más de una ocasión orgulloso de su pertenencia a la banda e incluso llegó a declarar ante el Tribunal de Apelación de París en 2009 su negativa a condenar “la lucha armada de ETA”.

La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, ha considerado “gravísimo” el nombramiento de López de Bergara como alcalde y ha urgido a los responsables políticos a implementar un mecanismo legal que garantice unos “mínimos principios políticos y éticos” en los nombramientos de cargos públicos. “Si ya es vergonzoso tener en las instituciones a un partido que no condena el terrorismo, lo es más contar ahora con alcaldes que se muestran orgullosos de haber sido terroristas”, ha afirmado.

Ordóñez ha agregado que “cualquier condenado por terrorismo”, aunque haya cumplido su pena, “debería estar obligado a repudiar su pasado criminal si quiere ejercer una función pública”, porque de lo contrario, “estaremos convirtiendo en referentes democráticos precisamente a los que más han hecho por destruirla”. “Estamos cansados de asistir a esta burla de nuestro sistema que llevan a cabo etarras condenados porque las penas de inhabilitación no funcionan. Existe una laguna legal importante con las inhabilitaciones y es por ello que pedimos un nuevo marco”, ha argumentado.

La presidenta del Colectivo ha recordado además que Legutiano es una localidad especialmente golpeada por el terrorismo después de que en 2008 ETA colocara una furgoneta bomba con 150 kilos de explosivos frente a la casa cuartel de la Guardia Civil. Como consecuencia del atentado murió asesinado Juan Manuel Piñuel y otros agentes quedaron heridos. El monolito en recuerdo de aquel salvaje atentado fue atacado hace solo una semana por dos personas que ya fueron detenidas.