EL Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha remitido hoy un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que solicita que el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) publique las sentencias judiciales sin ocultar los nombres de los condenados en firme por delitos relacionados con el terrorismo.

El Colectivo ha argumentado que, al igual que en casos de sentencias condenatorias por fraude fiscal, la publicación de datos personales se justifica porque debe prevalecer el interés público sobre el derecho al honor y a la intimidad del criminal. De hecho, ha añadido COVITE, en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 10/2015, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, se apunta que “en el caso concreto de los delitos relacionados con la defraudación fiscal, frente al interés del condenado, se alza el interés público”.

La asociación de víctimas, única en España con estatus consultivo para Naciones Unidas, ha apostillado que el propio Tribunal Supremo se pronunció en sentencia dictada el 15 octubre de 2015, en la que señaló que, “en general, reviste interés público la información tanto sobre los resultados de las investigaciones policiales, el desarrollo del proceso y el contenido de la sentencia, como sobre todos aquellos datos, aun no directamente vinculados con el ejercicio del ius puniendi [facultad sancionadora] del Estado, que permiten una mejor comprensión de su perfil humano o, más sencillamente, de su contexto vital de la persona que participa en el hecho delictivo”.

Por todo ello, COVITE no sólo ha instado al Consejo General del Poder Judicial a publicar los datos personales de los condenados en sentencia firme por delitos de terrorismo en el buscador CENDOJ. También ha solicitado que exponga ante las Cortes la necesidad de modificar aquellas leyes que puedan ser un obstáculo a la publicación de datos personales de terroristas condenados. La pretensión, ha zanjado el Colectivo, es que no se perpetúe la vulneración de derechos fundamentales de las víctimas del terrorismo.