• Denuncia que supone ceder el derecho a la legítima justicia de las víctimas del terrorismo a los nacionalistas, cuyo único objetivo es lograr la impunidad de los terroristas de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) manifiesta su total oposición a la transferencia de la competencia de prisiones al Gobierno Vasco porque significaría “transferir el derecho de las víctimas a la legítima justicia a los nacionalistas”, en palabras de Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo. “Los nacionalistas nunca han querido ser carceleros y gestionar la competencia de prisiones. Si ahora quieren serlo, es para abrir las puertas de las cárceles. Su preocupación es buscar la vía para ayudar a los etarras encarcelados a salir, es decir, la impunidad”.

En este sentido, COVITE apunta a que, una vez los nacionalistas tengan en su poder la gestión de la competencia de prisiones, los funcionarios de prisiones ya no dependerán de Instituciones Penitenciarias, sino del Gobierno Vasco. Esto supondrá que el juez de vigilancia penitenciaria que apruebe las liquidaciones de condena o las progresiones de grado tomará estas decisiones basándose en los informes que habrán elaborado funcionarios de prisiones dependientes del Gobierno Vasco.

COVITE denuncia que el Gobierno esté dispuesto a “ceder al chantaje de la izquierda abertzale y del PNV” para aprobar los presupuestos, lo cual supone “dejarse arrastrar por la indignidad de los nacionalistas”. El caso de la excarcelación del etarra Bolinaga demostró que el único interés del Gobierno Vasco era poner a un secuestrador y asesino de ETA en libertad, y se dio así porque el anterior Gobierno de Mariano Rajoy cedió a la presión de los nacionalistas y trasladó a Bolinaga a una cárcel del País Vasco. “Sabían que así los informes de salud de Bolinaga los iba a hacer el servicio público de salud vasco, Osakidetza. El Gobierno Vasco tuvo el informe médico a medida para poder excarcelar a Bolinaga”, afirma Consuelo Ordóñez. “Los sucesivos gobiernos de este país han cedido a las presiones de los nacionalistas y, para contentarlos, han transferido los derechos de las víctimas”.

La excarcelación de todos los presos de ETA es la última exigencia de ETA que queda por completar para cumplir con la hoja de ruta que la banda terrorista negoció con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Las otras dos exigencias, la de la legalización de los brazos políticos de ETA y la de un final sin vencedores ni vencidos ya han sido satisfechas. Lo último que nos queda por ver es cómo se vacían las cárceles de presos. Es indigno que nuevamente un Gobierno democrático ceda a los chantajes de los nacionalistas para cumplir la hoja de ruta de ETA. Es decepcionante”, afirma Consuelo Ordóñez.