- En una carta al Secretario General de Instituciones Penitenciarias COVITE ha requerido conocer a qué presos de ETA se podría aplicar el nuevo protocolo de excarcelación de presos enfermos, así como su diagnóstico
- Exige al Gobierno que aplique este protocolo a los presos comunes antes que a los presos de ETA para comprobar que los etarras no reciben un trato de favor
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha demandado acceso al nuevo protocolo que el Ministerio del Interior ha puesto en marcha para permitir la excarcelación de reclusos “con enfermedades muy graves con pronóstico incurable” y que podría permitir la puesta en libertad de una docena de etarras enfermos, según informó ayer El Correo. En una carta al Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el Colectivo ha solicitado también los datos de los presos de ETA a los que se les podría aplicar este protocolo, así como un diagnóstico detallado de la enfermedad que padecen para poder comprobar que se ajusta a dicho protocolo. La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, ha advertido que verificará que “los criterios con los que aplican el protocolo a los presos de ETA son los mismos que se emplean con los presos comunes”.
COVITE advierte que, hasta ahora, todos los etarras que fueron excarcelados por “enfermedad muy grave con pronóstico incurable” superaron el tiempo de esperanza de vida que se les dio al salir de prisión, por lo que el Colectivo considera que los presos de ETA enfermos han recibido hasta ahora un trato de favor, lo que califica de “inadmisible e indigno”. COVITE ha documentado cuáles han sido los presos de ETA excarcelados por enfermedades terminales: Josu Retolaza, puesto en libertad el 14 de octubre de 1986, falleciendo a los siete meses, el 19 de mayo de 1987; Javier Gorostiza, excarcelado el 16 de julio de 1994, quien falleció a los once meses, el 17 de junio de 1995; Santiago Díaz Uriarte, excarcelado el 27 de octubre de 1995 y falleciendo el 25 de marzo de 1997, al año y cinco meses de su puesta en libertad; Esteban Esteban Nieto, en libertad el 7 de abril de 1994, quien falleció el 26 de septiembre de 1999, a los cuatro años y cinco meses; Kepa Miner, en libertad el 2 de julio de 1999 y falleciendo a los cuatro años y nueve meses, el 26 de abril de 2004; Mikel Ibáñez, en libertad desde el 8 de agosto de 2008 y falleciendo el 7 de abril de 2011; Josu Uribetxeberria Bolinaga, en libertad desde el 16 de septiembre del 2012 y falleciendo el 16 de enero de 2015; y, por último, el caso más alarmante de todos, el de Belén González Peñalva, excarcelada en 2009 y falleciendo el 16 de noviembre de 2017. COVITE no ha incluido en esta lista a los etarras que fueron puestos en libertad hace años por padecer una enfermedad terminal pero que todavía no han fallecido.
COVITE recuerda que la población reclusa actual en España es de más de 58.000 presos, de los cuales aproximadamente 225 son etarras. “No tenemos nada en contra de este protocolo, pero el Gobierno debe demostrar a las víctimas del terrorismo que no lo ha puesto en marcha para beneficiar exclusivamente a los presos de ETA”, exige Consuelo Ordóñez. “La única forma que tiene el Gobierno de probar que este protocolo se ha puesto en vigor por razones de estricta humanidad es aplicándolo primero a los miles de presos comunes que puedan acogerse a él, siendo los etarras los últimos en beneficiarse”.