Insta al comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa a defender los derechos humanos de las víctimas de ETA.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, ha solicitado formalmente al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) la adhesión de COVITE, como tercero interesado, a la demanda ante el TEDH que recurre la decisión de los tribunales belgas de no ejecutar, en dos ocasiones consecutivas, una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por la Audiencia Nacional española contra Natividad Jáuregui, requerida en España por asesinato.

COVITE, única asociación de víctimas española con estatus consultivo para Naciones Unidas (ONU), ha remitido misivas al TEDH en su conjunto, al presidente del Tribunal, Guido Raimondi, y al comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks. En las misivas enviadas al TEDH, COVITE se ha acogido al artículo 36.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y ha expuesto que su objetivo es ayudar a la mejor administración de la justicia. A Muižnieks le ha instado a ejercer sus facultades para defender a las víctimas del terrorismo.

El Colectivo ha aprovechado la comunicación con el TEDH para recalcar que las víctimas del terrorismo de ETA tienen “un desgraciado récord”, pues de las 874 víctimas de la organización terrorista, “se ha acreditado que más de 300 no han tenido acceso a la justicia”.

El posicionamiento de COVITE llega después de que la familia de Ramón Romeo, teniente coronel asesinado por ETA en 1981, presentase una demanda que recurre la decisión de Bélgica de negarse a entregar a España a la etarra Natividad Jáuregui “al presumir que España podría violar sus derechos humanos”.

Desde hace varios años COVITE ha venido exigiendo una respuesta contundente de España. En primer lugar puso en alerta a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y viajó a Bruselas para denunciar la situación ante eurodiputados españoles y el embajador de España en la capital belga. En julio de 2016, tras una nueva negativa de la Justicia belga, COVITE instó al Gobierno español a denunciar la situación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora la demanda presentada ante el TEDH intenta revertir una decisión que priva a la familia de su derecho a que se juzgue a una de los presuntos asesinos de Ramón Romeo.