La decisión de revisar los certificados de estudios de 76 miembros o ex miembros de ETA llega tras una denuncia del Colectivo del Víctimas del Terrorismo (COVITE) contra los reclusos por delito de terrorismo y por utilizar documentación falsa para acceder a estudios universitarios con el objetivo de lograr beneficios penitenciarios.
El juez Juan Pablo González ha adoptado esta decisión después de admitir a trámite la denuncia de COVITE en la que se puso de manifiesto la falsedad de los certificados de Selectividad y del curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 años presentados por los etarras para iniciar sus estudios universitarios y así redimir hasta la mitad de su pena.
El juez González ha requerido a la Universidad del País Vasco y a la delegación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Bergara (Gipuzkoa) que entreguen los certificados de las vías de acceso a la universidad de los 76 denunciados por COVITE. También reclama las actas de examen de Selectividad y curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, firmadas por el tribunal.
La Audiencia Nacional, en este sentido, también reclama a la Guardia Civil un informe sobre la supuesta falsedad de estas vías de acceso a los estudios superiores, así como sobre la pertenencia de los 76 etarras al frente de cárceles de la banda.
Sin embargo, el Colectivo aportó en su denuncia pruebas de que dichos documentos habían sido falseados, por ejemplo, utilizando DNI con números correlativos, duplicando los números de identificación o estableciendo que cursaron los exámenes de acceso hasta diez años después de haber comenzado los estudios. Por ello, COVITE se acogió en la denuncia al artículo 393 del Código Penal para acusarlos un delito de uso en juicio o en perjuicio de terceros de documento falso.
Según el Colectivo, los beneficios penitenciarios por redenciones por estudios han podido suponer para los presos de ETA descuentos cercanos a la mitad de la condena. Pone como ejemplo el caso del etarra José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta, que redujo su pena de prisión doce años gracias a los beneficios obtenidos gracias al trabajo y los estudios. En su expediente, sin embargo, aparecen graves incongruencias en las vías de acceso a los estudios.