Recurre la decisión de los tribunales belgas, denunciada por COVITE desde 2014, de no ejecutar una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por la Audiencia Nacional contra Natividad Jáuregui, presunta autora material del asesinato.

La familia de Ramón Romeo, teniente coronel asesinado por ETA en 1981, ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (TEDH), que recurre la decisión de los tribunales belgas de no ejecutar, en dos ocasiones consecutivas, una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por la Audiencia Nacional española contra Natividad Jauregui, presunta autora material del asesinato cuando formaba parte del comando Vizcaya de ETA. Fue detenida en Gante (Bélgica) el 8 de octubre de 2013 en una operación conjunta de la Policía Judicial belga y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas.

El 19 de marzo de 1981, Ramón Romeo acudió a la misa de las 9:30 horas en la basílica de Begoña, cerca de su domicilio. Cuando terminó la ceremonia religiosa, un hombre y una mujer le siguieron hasta el umbral de la basílica, donde esta última le disparó en la nuca. Fue trasladado en ambulancia a la clínica Virgen Blanca e intervenido quirúrgicamente. Permaneció en estado muy grave durante dos días, hasta que falleció el 21 de marzo.

Los otros etarras integrantes por aquellas fechas del comando Vizcaya -José Antonio Borde, Sebastián Echániz y Enrique Letona- fueron condenados a penas de 28 años de prisión cada uno por sentencia de la Audiencia Nacional de 2007. Sólo queda Natividad Jauregui por enjuiciar. Algo que las autoridades judiciales belgas no han permitido hasta la fecha, privando a la familia de su derecho a la justicia.

En 2014, después de que Natividad Jáuregui fuera localizada y arrestada en Bélgica, en virtud de las órdenes de busca y captura dictadas contra ella, la Justicia belga denegó la extradición «al presumir que España podría violar sus derechos humanos”. Desde ese momento el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha venido exigiendo una respuesta contundente de España. COVITE puso en alerta a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y viajó hasta Bélgica para denunciar la situación ante eurodiputados españoles y el embajador de España en la capital belga. Del mismo modo, en julio de 2016, tras una nueva negativa de la Justicia belga, COVITE instó al Gobierno español a denunciar la situación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Ahora la demanda presentada ante el TEDH intenta revertir una decisión que priva a la familia de su derecho a que se juzgue a una de los presuntos asesinos de su padre, situación difícil de comprender en la actualidad, más cuando es un tribunal europeo quien recoge entre sus argumentos desestimatorios que el terrorismo de ETA tiene razones políticas y que España no es una democracia consolidada. La Sala de Inculpación del Tribunal de Apelación de Gante, incluso ignorando los argumentos ofrecidos por la Fiscalía belga, adujo en su fallo que en España no se respetan los derechos humanos de las personas detenidas y que la presunta terrorista corría el riesgo de sufrir torturas, al margen de identificar a ETA como una organización de resistencia vasca antifranquista; enmarcar el asesinato de Ramón Romeo como una reacción a la represión y calificar a la presunta terrorista como una joven veinteañera resistente vasca.

La demanda ha sido preparada, en su vertiente técnico-jurídica, por el despacho de abogados Salama García Blanco, con dilatada experiencia como agentes del Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En su contenido se apela al TEDH a corregir “el incumplimiento manifiesto de la obligación positiva de la jurisdicción belga de dar protección al derecho a la vida, dado que se ha impedido a los familiares la correcta tramitación de la causa por el asesinato de su padre”, y a la responsabilidad y profesionalidad del Tribunal para que se actúe con justicia, en defensa y protección de los derechos de las víctimas del terrorismo.

Una demanda ante el TEDH apoyada sin fisuras por la Fundación Víctimas del Terrorismo y Ministerio del Interior, con la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo a la cabeza, en defensa de memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo.

El teniente coronel Romeo Rotaeche, de 52 años, natural de Burgos, desarrolló casi toda su carrera militar en Vizcaya. Estaba casado y tenía seis hijos. Salió de la academia con el grado de teniente de Artillería y fue destinado a Bilbao. Tras ascender a teniente coronel, su destino fue la Zona de Reclutamiento en el Gobierno Militar de Vizcaya. Además, trabajaba en Viviendas de Vizcaya como técnico de la construcción y de cálculo de estructuras. En 1978, ya había sido víctima de un atentado terrorista del que salió ileso, tras ser ametrallado el vehículo en el que se encontraba.