EL Colectivo insta a Urkullu a construir Memoria con la debida documentación
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, ha vuelto a solicitar la dimisión del secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, tras tener conocimiento de que 21 etarras muertos en tiroteos con la Policía o en casos sin aclarar aparecen catalogados como víctimas que merecen un reconocimiento. Los 21 han sido incluidos en la lista que el Ejecutivo ha enviado a 130 municipios para que estos celebren homenajes.
COVITE, a través de un comunicado, considera una broma macabra de suma gravedad que el Ejecutivo autonómico, a través de la Secretaría de Fernández, coloque al mismo nivel a víctimas de organizaciones terroristas como ETA o los GAL y a terroristas que murieron en operativos policiales o en sucesos que “merecen mayor contraste e investigación”, según el propio Ejecutivo.
El Departamento de Fernández, añade el Colectivo, propone que los municipios homenajeen al etarra Jon Anza, enfermo de un tumor cerebral que, según la Justicia francesa, falleció por causas naturales. También pide un reconocimiento para el terrorista José Luis Geresta, miembro del comando que secuestro a Miguel Ángel Blanco. Los informes forenses confirmaron que Geresta se suicidó.
COVITE ha expuesto que si bien el Gobierno vasco, sin pruebas, califica como víctimas a miembros de ETA, también deja patente una falta de documentación preocupante. El Colectivo, en este sentido, asegura que los etarras Susana Arregi y Jon Lizarralde (víctimas para el Ejecutivo autonómico) se suicidaron en la Foz de Lumbier después de matar a un guardia civil, tal y como confirmó la autopsia y como confesó Germán Rubenach, compañero de comando de los fallecidos.
La asociación ha instado al lehendakari Iñigo Urkullu a construir Memoria con la debida documentación, más aún cuando la inversión destinada al Plan de Paz y Convivencia –en el que se enmarca la solicitud de homenajes– es de 19.334.000 euros.