- El Colectivo advierte de la necesidad de estrategias de desactivación y de prevención de la radicalización ultranacionalista, y de políticas públicas de Memoria basadas en la verdad objetiva de las víctimas
- Lamenta que se oculte el significado político de las víctimas del terrorismo porque así no se conseguirá deslegitimar a ETA y a su proyecto político, hoy defendido por sus herederos
La Jornada anual del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), “Tensiones en el posterrorismo de ETA: cómo afrontar pedagógicamente su legado”, celebrada hoy en el hotel Londres de San Sebastián, ha comenzado esta mañana con la intervención de Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo, en la que ha reclamado seguir trabajando para evitar que “los herederos políticos de ETA ganen la batalla moral, la social, la política, la judicial e incluso la de la Historia con mayúsculas”. “Hoy, los que hasta hace unos años dirigían las estrategias de terror de ETA, los que decidían a quién había que asesinar para que cayeran sus enemigos políticos, se sientan en las bancadas de nuestras instituciones con cada vez mayor poder e influencia sin haber condenado el terrorismo”, ha denunciado la presidenta de COVITE. Ordóñez ha advertido del peligro de que las nuevas generaciones “dentro de unos años, sigan el ejemplo y la trayectoria de asesinos orgullosos de serlo, aquellos por los que se brinda en nuestras calles, en los institutos y en los salones de pleno de los distintos ayuntamientos vascos y navarros”.
En la primera mesa redonda de la Jornada Anual de COVITE se ha analizado cómo se están construyendo las políticas públicas de Memoria del terrorismo de ETA, incidiendo en por qué se oculta el significado político de las víctimas. Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, ha lamentado que “con frecuencia se acuse a las víctimas del terrorismo de que son vengativas y están politizadas cuando intervienen en el debate público para reivindicar sus derechos. No se dirige este tipo de acusaciones a las asociaciones de apoyo a los familiares de presos de ETA, que también intervienen en la vida pública e intentan influir en los gobiernos”. Por su parte, el catedrático de Historia Contemporánea Antonio Rivera ha incidido en que la razón por la que se oculta el significado político de las víctimas del terrorismo, que no es otro que la razón por la cual los terroristas de ETA las asesinaron, es porque “la mayoría de la sociedad vasca ha aceptado el campo interpretativo y de referencia del nacionalismo, razón por la que se obvia que los objetivos políticos de los terroristas de ETA coinciden con los que quiere una parte de la sociedad vasca”. Ha explicado que “es difícil plantearle a la ciudadanía y a algunos partidos políticos del País Vasco que aquí se ha matado por ese proyecto político que ellos defienden. Vivimos en una sociedad principalmente nacionalista, y ahondar en estos argumentos supone resquebrajar algunas creencias políticas muy arraigadas en nuestra sociedad. Y por ello la Memoria oficial del Gobierno vasco se basa en la autocomplacencia y el autoconsuelo”. Rivera ha continuado exponiendo que, para ocultar la condición política de las víctimas de ETA “se las iguala en su condición doliente, de sufrimiento, con víctimas de otras violencias para que así todas las víctimas sean iguales y no se analice la causalidad por la cual son víctimas”. En este sentido, Rivera ha hecho hincapié en que reivindicar el significado político de las víctimas “tiene como problema ir contra el deseo mayoritario de la sociedad vasca, que es pasar página sin cuestionarse nada, sin renunciar a los objetivos políticos máximos del nacionalismo y sin plantearse el destino de los grupos que justifican el terrorismo y que se han integrado en la vida democrática bajo una normalidad falsa”. El también catedrático de Historia Contemporánea Luis Castells ha secundado a Rivera en su afirmación de que “vivimos en una hegemonía casi apabullante del nacionalismo vasco. Eso implica que hay unas políticas públicas de memoria del Gobierno vasco muy desarrolladas que no enfocan adecuadamente cuál ha sido el principal problema que hemos vivido en el País Vasco, que es el terrorismo de ETA y la falta de libertad que ha padecido una parte de la sociedad”. Ha lamentado que los historiadores que estudian este aspecto son “marginados” en la elaboración de los proyectos educativos del Gobierno vasco. “Hay una voluntad política muy clara de que haya un recuerdo amable de lo que ha supuesto el terrorismo, una estrategia de omisión de la dimensión política de las víctimas y de obviar las razones políticas por las cuales son víctimas. Se opta, sin embargo, por privatizarlas y por hacer hincapié exclusivamente en su sufrimiento”, ha denunciado Castells.
En la segunda mesa redonda los ponentes han analizado las estrategias de prevención de la radicalización violenta para el terrorismo de ETA en el pasado, en el presente y de cara al futuro. Todos los ponentes han coincidido en que tales estrategias no existen, y que mientras que “los países europeos están muy centrados en estrategias de prevención de la radicalización violenta yihadista y de extrema derecha, apenas se ha dado tratamiento a la prevención de la radicalización ultranacionalista e independentista”, en palabras del experto Luis de la Corte. “La radicalización violenta de ETA no surgió de manera espontánea, no fue solo un proceso, sino una estrategia implementada por la banda terrorista y sostenida en el tiempo por sus apoyos sociales y políticos. ETA moldeó la realidad social del País Vasco y permitió una radicalización violenta permanente: un clima social que favorecía la intimidación a los disidentes, la violencia de persecución, las actividades de apoyo a los terroristas, un discurso de odio que permeabiliza las mentes y el lenguaje de la sociedad”, ha afirmado De la Corte. Frente a esta realidad, que hoy en día tiene su máxima expresión en los homenajes públicos a los miembros de ETA, COVITE reclama que se acabe con la “perversión moral” que supone homenajear en las calles del País Vasco a los etarras cuando salen de prisión, para lo que es necesario una mucho mayor “claridad y rotundidad moral de las instituciones públicas y de la sociedad. Esta claridad moral se debe plasmar en estrategias de desactivación y de prevención de la radicalización más efectivas, y en políticas públicas de Memoria basadas en la verdad objetiva de las víctimas para que el terrorismo no vuelva a ocurrir”, en palabras de Consuelo Ordóñez.