El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) lleva tiempo denunciando los recibimientos y homenajes a presos de la organización terrorista ETA cuando regresan a sus municipios tras salir de prisión. En 2017, hubo 77 en el País Vasco y Navarra y en lo que llevamos de 2018, ha habido ya nueve, según datos del Observatorio de la Radicalización impulsado por COVITE.

Con independencia de si tales actos son o no delictivos, lo que sí es evidente es que son contrarios a la Ley Vasca de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo cuyo artículo 4, apartado b) dice:

“Los poderes públicos vascos velarán para que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos. Para ello:…

  1. b) Adoptarán medidas apropiadas para garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico y la intimidad de las víctimas y sus familiares y, en particular, para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas, y actuarán de manera especial contra las pintadas y carteles de tal índole, y, en su caso, investigarán aquellos que puedan ser constitutivos de infracción penal, quedando abierta la posibilidad del ejercicio de la acción popular por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la defensa de este derecho.”

¿Dónde están esos poderes públicos vascos? ¿Existen? ¿Qué hacen? ¿Por qué no hacen nada para prevenirlos y evitarlos?

 

Carlos Fernández de Casadevante Romani, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos