El Colectivo pide que se revise la propuesta provisional y advierte de que la prevención de la radicalización y la defensa de la memoria de las víctimas no pueden depender únicamente de los recursos de las propias víctimas

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) denuncia que la propuesta provisional de subvenciones del Gobierno Vasco para 2026 reduce en un 50,7% la financiación de sus proyectos respecto al año pasado. Las ayudas propuestas para las tres iniciativas presentadas por la asociación suman 18.552,30 euros, frente a los 37.668,23 euros recibidos en 2025.

La decisión resulta especialmente difícil de entender después de que, a principios de noviembre, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, anunciara que su departamento gestionará en 2027 «el mayor presupuesto de su historia». En aquella comparecencia, el Gobierno Vasco afirmó además que quería seguir «fortaleciendo» su relación con las asociaciones de víctimas. «¿Cómo pretende fortalecer esa relación reduciendo a la mitad el apoyo a los proyectos de COVITE? No basta con proclamar que las víctimas son una prioridad: esa prioridad debe reflejarse en las decisiones del Gobierno», cuestiona la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez.

COVITE recuerda que el recorte se suma a otras decisiones que dificultan su labor. Desde octubre, el Gobierno Vasco comunica a las asociaciones las medidas de semilibertad concedidas a presos de ETA mediante las notas de prensa que envía, al mismo tiempo, a los medios de comunicación. Las asociaciones ya no reciben las fichas con información detallada sobre los motivos de cada decisión, que les permitían examinarla y, en su caso, denunciarla con conocimiento de causa. En su lugar, reciben únicamente la explicación del Ejecutivo, que, a juicio de COVITE, en muchos casos asume la narrativa de la izquierda abertzale sobre los presos de ETA. Esas notas ni siquiera mencionan los nombres de las víctimas de los atentados por los que fueron condenados los presos de ETA. Además, el Gobierno Vasco lleva desde antes del verano sin convocar el Consejo Vasco de Participación, el órgano en el que están representadas las asociaciones de víctimas del terrorismo. Antes de que el PSE asumiera la Consejería de Justicia, el Consejo se reunía al menos una vez cada tres meses; que lleve casi un año sin convocarse supone, por tanto, una anomalía sin precedentes. «¿Es esta su forma de “fortalecer la relación” con las víctimas: reducir el apoyo a sus proyectos, dificultar el examen de su política penitenciaria y dejar de reunir el órgano en el que pueden hacer oír su voz?», critica la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez.

Uno de los proyectos afectados se dedica específicamente a la prevención de la radicalización violenta en Euskadi. COVITE lleva años documentando y denunciando los actos de exaltación de ETA y la normalización pública de quienes ejercieron el terrorismo. Prevenir esa legitimación del terrorismo debería ser una tarea central de las instituciones públicas. Sin embargo, es COVITE quien tiene que dedicar sus propios medios a identificarla, hacerla visible y combatirla. Junto con otras entidades, como la Fundación Fernando Buesa, COVITE constituye uno de los pocos contrapesos sostenidos al discurso con el que la izquierda abertzale sigue justificando o blanqueando el terrorismo de ETA. Los otros dos proyectos cuya financiación se reduce están destinados a preservar la memoria de las víctimas y a darles visibilidad mediante jornadas y actos públicos. Recortar el apoyo a estas actividades debilita precisamente el trabajo que el Gobierno Vasco asegura querer impulsar en materia de memoria y convivencia.

COVITE considera cínico presentar a las asociaciones como colaboradoras imprescindibles para las políticas públicas dirigidas a las víctimas mientras se dificulta su trabajo y se reducen de forma tan acusada sus recursos. La memoria, la prevención de la radicalización y la defensa del derecho de las víctimas a la justicia no pueden sostenerse solo con declaraciones de intenciones. Dado que la resolución de las ayudas aún es provisional, COVITE pide al Gobierno Vasco que revise las cuantías propuestas antes de su aprobación definitiva, vuelva a facilitar a las asociaciones información detallada sobre las decisiones penitenciarias que afectan al derecho a la justicia de las víctimas y convoque el Consejo Vasco de Participación.