• El Colectivo advierte de que la estrategia de pactos judiciales con ETA y su entorno político y social favorece la impunidad

  • Destaca que los principios fundacionales de la asociación rechazan la negociación con los terroristas y su entorno político y social, dentro o fuera de los juzgados

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha criticado el acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia con las defensas de los seis acusados —José Antonio López Ruiz ‘Kubati’, Oihana Garmendia Marín, Haimar Altuna, Oihana San Vicente Saez de Cerain, Carlos Saez de Egilaz Murgiondo y Felipe San Epifanio— por la comisión de presuntos delitos de organización criminal y enaltecimiento del terrorismo por la organización de 120 actos de homenaje a presos de ETA (‘ongi etorris’) entre 2016 y 2020. El Colectivo presidido por Consuelo Ordóñez ha alertado de que los pactos judiciales con dirigentes y abogados del entorno político y social de ETA, o de sanguinarios etarras como José Antonio López Ruiz ‘Kubati’, favorece la impunidad de los terroristas y de quienes han apoyado y jaleado el terrorismo.

El pronunciamiento del Colectivo se ha producido tras conocerse que el juicio contra los seis citados acusados ha concluido por la vía rápida tras un acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia con las defensas de los citados acusados. Estos han admitido que los ‘ongi etorris’ humillan a las víctimas a cambio de que se suspenda el juicio y, por tanto, la posibilidad de una sentencia condenatoria. El Colectivo considera que los atajos y las negociaciones, dentro o fuera de los juzgados, no son el camino hacia la Justicia: «Nuestros principios fundacionales rechazan la negociación con terroristas o con su entorno político y social. Además, ¿cómo no van a reconocer que esos hechos humillan a las víctimas, si esa es precisamente la intencionalidad con que organizaban ese tipo de actos? Recordemos que a los terroristas de ETA nunca les ha bastado exclusivamente con asesinar a sus víctimas, también buscan su humillación, antes y después de los asesinatos», han afirmado desde COVITE.

COVITE, que no estaba personado en esta denuncia, ha lamentado que las más de 30 denuncias que interpuso ante la Audiencia Nacional entre los años 2016 y 2019 por los mismos hechos que hoy se juzgaban «siempre acabaran archivadas bajo el argumento de que los ‘ongi etorris’ son “manifestaciones de alegría por la vuelta a casa de un vecino del pueblo”, que no constituían ningún delito de enaltecimiento del terrorismo ni de humillación a las víctimas». En palabras de Consuelo Ordóñez, la presidenta de COVITE, «que la batalla judicial por estos hechos tan graves haya terminado en un acuerdo de conformidad con los organizadores de estos actos dolorosísimos para las víctimas nos produce una profunda indignación. ¿Por qué ninguna de las denuncias de COVITE terminó en juicio y esta sí? Desde COVITE siempre denunciábamos también a los organizadores, a ‘Kalera Kalera’, a SORTU y a quienes estaban detrás de estas organizaciones, como ‘Kubati’. Estas cuestiones nos hacen desconfiar de la Justicia», ha lamentado Consuelo Ordóñez.

En este sentido, desde COVITE han remarcado que «no existe ningún motivo que responda al interés de las víctimas del terrorismo que justifique una Justicia negociada y pactada con el entorno de ETA en sede judicial». Aun así, han recordado que, si bien COVITE ha perdido la batalla judicial con los ‘ongi etorris’, ha ganado la batalla más importante, que es la social y política: «En todo 2023, 2024 y 2025 no se ha producido ni un solo ‘ongi etorri’. La izquierda abertzale ha dejado de organizarlos en público. Esto se debe a nuestra labor constante de documentación y denuncia pública de este tipo de actos humillantes e indignos, que ha dado como resultado el rechazo de la mayoría de la sociedad vasca, navarra y española a los ‘ongi etorris’, así como la condena de la mayoría de las instituciones y fuerzas políticas a los mismos, exceptuando a EH Bildu. Esta batalla es incluso más importante que la judicial y la hemos ganado», han aseverado desde COVITE.

Por último, COVITE ha criticado el cinismo de los dirigentes de la izquierda abertzale a la hora de acogerse a la legalidad de nuestro ordenamiento jurídico para reducir sus penas de prisión mientras aseguran no reconocer dicho ordenamiento jurídico y han prohibido siempre, y siguen haciéndolo, a los presos de ETA acatar esa misma legalidad para beneficiarse también de reducciones de condena. «Los portavoces políticos de la izquierda abertzale no tienen ningún reparo en beneficiarse de la legalidad española si les sale a cuenta, mientras siempre han condenado al resto de presos de ETA a no poder hacer lo mismo y, en consecuencia, pasar más tiempo en prisión a no ser que consigan que se les aplique algún tipo de trampa como está ocurriendo con los terceros grados fraudulentos. Nunca les han permitido cumplir con los requisitos legales de desmarcarse de la violencia y arrepentirse de los crímenes cometidos, marcados por la ley para conseguir las correspondientes progresiones de grado», ha denunciado Consuelo Ordóñez. «Lamentablemente, están consiguiendo que se les excarcele a pesar de no cumplir con estos requisitos porque el Gobierno vasco y la Audiencia Nacional dan por válida una carta manuscrita en la que supuestamente aseguran estar arrepentidos. Las víctimas no tenemos por qué hacer un acto de fe ni en esas cartas, ni en lo que aseguren en un acuerdo de conformidad para librarse de ir a la cárcel. No es aceptable que se nos pidan actos de fe en las palabras de terroristas y de quienes siempre les han apoyado y jaleado».