• El Colectivo denuncia que el Gobierno vasco vuelve a utilizar una medida excepcional como el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para conceder regímenes de semilibertad a presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real, público y verificable
• COVITE subraya que Joanes Larretxea y Gorka Palacios siguen plenamente vinculados al entorno social y político de la izquierda abertzale, que continúa reivindicándolos públicamente como “presos políticos”
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado la concesión de dos nuevos artículos 100.2 del Reglamento Penitenciario a los presos de ETA Joanes Larretxea y Gorka Palacios por parte del Gobierno vasco, y considera que ambas decisiones constituyen «un nuevo ejemplo del uso generalizado y fraudulento» que el Ejecutivo autonómico está haciendo de una medida legal concebida como absolutamente excepcional.
Para COVITE, estas dos nuevas concesiones confirman que el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco continúa utilizando el artículo 100.2 como un atajo hacia la semilibertad de presos de ETA que no cumplen con el requisito legal del cumplimiento de las ¾ partes de la condena para acceder al tercer grado. El Colectivo recuerda que esta figura permite flexibilizar el régimen de cumplimiento de internos clasificados en segundo grado, pero exige una justificación individualizada, una motivación reforzada y la existencia de un programa específico de tratamiento que no pueda ejecutarse dentro de prisión.
«El artículo 100.2 no puede convertirse en una vía ordinaria para sacar de prisión a presos de ETA. Lo que está haciendo el Gobierno vasco es vaciar de contenido la legalidad penitenciaria para cumplir, paso a paso, la hoja de ruta histórica de la izquierda abertzale: ‘vaciar las cárceles’ sin exigir a los presos de ETA una ruptura sincera y verificable con el mundo social y político que legitimó y todavía hoy legitima sus crímenes», ha denunciado la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez.
El Colectivo recuerda que los autos recientes del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que dejaron sin efecto los artículos 100.2 concedidos a los etarras Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, y Juan Ramón Carasatorre han constatado precisamente lo que COVITE viene denunciando desde hace años: que el Gobierno vasco está forzando la legalidad penitenciaria para facilitar regímenes de semilibertad a presos de ETA sin cumplir con el rigor exigible. En el caso de Carasatorre, el juez llegó a constatar que ni siquiera existía el preceptivo plan específico de ejecución tratamental, requisito esencial para aplicar esta medida.
A juicio de COVITE, los casos de Joanes Larretxea y Gorka Palacios responden exactamente a la misma estrategia. Ambos presos de ETA siguen siendo reivindicados por el entorno de la izquierda abertzale como héroes y como «presos políticos», lo que resulta incompatible con cualquier idea de arrepentimiento, reinserción y desvinculación del entramado político y social que sostuvo a ETA durante décadas. El caso de Joanes Larretxea resulta especialmente significativo. Larretxea, condenado por su participación en el asesinato del empresario Ignacio Uría, continúa siendo uno de los presos de ETA más exhibidos públicamente por el entorno de la izquierda abertzale. COVITE ha documentado multitud de actos de apoyo en distintas localidades, entre ellas Hernani y Oiartzun. De hecho, en Oiartzun se le dedica una carrera anual para reclamar su excarcelación, lo que demuestra que sigue siendo presentado públicamente como un referente político por el mismo entorno que nunca ha condenado de forma inequívoca los crímenes de ETA.
Para COVITE, estas dos nuevas concesiones demuestran que el Gobierno vasco sigue convirtiendo la excepcionalidad en norma y el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en una trampa meramente formal. «Se cumple la ley en apariencia, pero se traiciona por completo su espíritu. Por eso hablamos de 100.2 fraudulentos. Porque no hay una verdadera política de reinserción, sino una política de excarcelación progresiva de presos de ETA sin arrepentimiento real y atacando frontalmente el derecho a la justicia de las víctimas», ha denunciado Ordóñez. «Es muy grave que no se estén cumpliendo las condenas con arreglo a derecho».
En este sentido, COVITE insiste en exigir la dimisión de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, por una política penitenciaria que ha sido desautorizada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y que, lejos de velar por el derecho de las víctimas a la justicia, continúa privilegiando a presos de ETA siguiendo la hoja de ruta de la izquierda abertzale de ‘vaciar las cárceles’ en el contexto del final de ETA negociado que vivimos desde el año 2011.