El Colectivo considera la decisión un ataque frontal a la defensa del derecho de las víctimas a la justicia y exige que el Ejecutivo Vasco retire las acusaciones con las que pretende justificarla
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) censura la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco de dejar de comunicar las resoluciones penitenciarias relativas a los presos de ETA a las asociaciones de víctimas. El Colectivo considera que esta medida constituye «un ataque frontal a nuestro derecho de conocer y denunciar decisiones que afectan directamente al derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo» y un intento de obstaculizar nuestra legítima denuncia pública de la política penitenciaria que está llevando a cabo ese Ejecutivo autonómico.
COVITE denuncia que el Gobierno Vasco utilice su obligación de informar directamente a las víctimas (Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito) como excusa para dejar de informar también a las asociaciones que las representan. «Que informen directamente a las víctimas afectadas por sus resoluciones es lo que deben hacer. Esa obligación no exige cerrar el canal de información con las asociaciones que ellas han elegido libremente para que las representen, les informen y defiendan sus derechos. Ambos canales son compatibles y complementarios», ha afirmado la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez.
El Colectivo considera especialmente grave que el Departamento justifique su decisión atribuyendo a las asociaciones falta de transmisión de información y filtración de aspectos protegidos de los expedientes, sin identificar en su nota los hechos concretos ni las entidades a las que se refiere. «No pueden lanzar sospechas sobre el conjunto de las asociaciones y utilizarlas para imponer un cierre general de información. Si tienen alguna acusación que formular, que la concreten y la acrediten. Lo que resulta inaceptable es desacreditar públicamente a quienes defendemos a las víctimas para justificar una decisión que dificulta nuestro trabajo», ha señalado Ordóñez.
«El Gobierno Vasco nos culpa de que algunas víctimas no hayan recibido información, cuando es su obligación garantizar que la reciban. Y, precisamente, muchas víctimas, también las que no están asociadas, se están enterando de sus decisiones penitenciarias gracias a nuestras denuncias públicas. Es una contradicción absoluta: nos acusan de no informar y al mismo tiempo nos cierran el acceso a la información que nos permite hacerlo. Gracias a nuestro trabajo, esas víctimas pueden expresar públicamente sus quejas y conocer y ejercer sus derechos. ¿Acaso es eso lo que les molesta? ¿Que las víctimas sepan lo que están haciendo y que puedan legítimamente quejarse y ejercitar las acciones que les corresponden?», ha denunciado la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez.
COVITE interpreta esta medida como una represalia contra la denuncia pública de los terceros grados y de las aplicaciones del artículo 100.2 a presos de ETA que no han mostrado un arrepentimiento real y público. «¿Quién les ha aconsejado que hagan esto? ¿Han hablado con las asociaciones afectadas o han preferido escuchar a EH Bildu? ¿Les molesta que denunciemos su política penitenciaria fraudulenta?», ha planteado la presidenta de COVITE.
COVITE subraya, además, que ha conocido esta decisión por los medios de comunicación, sin que el Gobierno Vasco se la haya comunicado directamente. Para el Colectivo, esta forma de proceder agrava el desprecio hacia las asociaciones a las que el Ejecutivo pretende responsabilizar de las deficiencias de su sistema de información.
Para el Colectivo, la decisión supone «un maltrato institucional a las víctimas y a las asociaciones que libremente han elegido para que las representen». «Las víctimas no necesitan que el Gobierno decida quién puede defenderlas ni que ponga obstáculos a las asociaciones a las que han decidido pertenecer. Necesitan información, respeto y los medios que les proporcionamos para que puedan ejercitar sus derechos. Castigando a las asociaciones están castigando también a las propias víctimas», ha denunciado Ordóñez.
COVITE exige al Departamento de Justicia y Derechos Humanos que rectifique, mantenga un canal estable de información con las asociaciones y acredite las acusaciones formuladas o, en su defecto, las retire públicamente. «El Gobierno Vasco no va a conseguir silenciarnos cerrándonos el acceso a la información. Seguiremos denunciando una política penitenciaria al servicio de la izquierda abertzale y defendiendo el derecho de las víctimas a la justicia. Lo que debe hacer el Ejecutivo es responder por sus decisiones, no intentar neutralizar a quienes legítimamente las cuestionamos», ha concluido Ordóñez.