• El Colectivo censura que el Gobierno vasco continúe concediendo privilegios penitenciarios a presos de ETA sobre la base de cartas manuscritas que convierten el arrepentimiento en una ficción formal

  • COVITE advierte de que el Gobierno vasco está vaciando de contenido un requisito esencial de la ley y consolidando una política penitenciaria que facilita la semilibertad sin una reinserción real

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado la concesión de un nuevo régimen de flexibilización penitenciaria al amparo del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario al preso de ETA Asier Badiola Lasarte, una decisión que, a juicio del Colectivo, confirma que el requisito del arrepentimiento se está pervirtiendo por completo hasta convertirlo en un simple trámite burocrático.

Según la resolución, a la cual ha tenido acceso COVITE a través de una víctima directa de Asier Badiola, el acuerdo se adopta a propuesta unánime de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Gipuzkoa, con informe favorable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y se apoya, entre otros elementos, en un escrito del penado en el que supuestamente expresa su repudio de la actividad delictiva y pide perdón a las víctimas. Para COVITE, que se siga utilizando una carta manuscrita como principal aval para conceder un régimen de semilibertad a condenados por terrorismo demuestra hasta qué punto se ha vaciado de contenido una exigencia legal que debería ser verificable con hechos, no con palabras.

«El problema no es que no se cumpla formalmente con la ley, sino que se está utilizando esa apariencia de legalidad para desnaturalizarla», ha denunciado la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez. «El arrepentimiento no puede quedar reducido a una carta privada, redactada para salvar el expediente. Si basta con eso, entonces el arrepentimiento ya no es una condición auténtica para la reinserción, sino una coartada para conceder la semilibertad. Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas, es un insulto que se nos exija un acto de fe en ellas. Deberíamos poder comprobar con hechos ese arrepentimiento».

COVITE considera que esta práctica constituye un nuevo fraude en la ejecución de las condenas a los presos de ETA. El Colectivo denuncia que el Gobierno vasco está interpretando de forma interesada un requisito esencial de la ley para convertirlo en una formalidad vacía, sin exigir hechos objetivos que acrediten una verdadera ruptura con la trayectoria criminal ni una desvinculación real del entorno que durante décadas amparó y legitimó el terrorismo.

«Cuando el supuesto arrepentimiento se limita a un papel, pero no se exige ninguna manifestación pública, ningún gesto verificable y ninguna ruptura visible con el entramado político y social que ha amparado durante décadas a ETA —y que les prohíbe expresamente el arrepentimiento—, lo que se está premiando no es la reinserción, sino la obediencia a la hoja de ruta de EH Bildu,», ha subrayado Ordóñez. «Estamos ante la culminación de la última exigencia de ETA que quedaba por cumplir en este final de ETA negociado que vivimos: “vaciar las cárceles”, en palabras de la propia izquierda abertzale. Y se está haciendo exactamente como ellos quieren: sin exigirles arrepentimiento ni una desvinculación real del entramado político y social que sostuvo el terrorismo de ETA durante décadas. Las consecuencias de este final de ETA indigno las estamos pagando las víctimas con la impunidad de los asesinos de nuestros familiares», ha insistido Consuelo Ordóñez.

Para COVITE, esta deriva no solo vacía de contenido el requisito del arrepentimiento, sino que desnaturaliza también el propio artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una vía que está prevista como excepcional, pero que se está utilizando cada vez más con los presos de ETA a modo de atajo para flexibilizar el cumplimiento de sus condenas. «Se cumple la ley en la forma, pero se traiciona por completo su espíritu. Por eso hablamos de terceros grados y de 100.2 ‘fraudulentos’», ha advertido el Colectivo.